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¿Acogida o repatriación?: INMIGRANTES INDOCUMENTADOS MENORES DE EDAD.

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Según informa el Gabinete de Comunicación del Ministerio de Trabajo e Inmigración, nuestro Gobierno ha aprobado este pasado 16 de junio de un Real Decreto por el que se dota de un presupuesto de 15 millones de euros para el traslado y acogida de menores extranjeros no acompañados, desde Canarias al resto de CCAA, con cargo al presupuesto 2010 de este Ministerio.

Se trata de hacer frente a los gastos derivados de la llegada de inmigrantes irregulares a sus costas, dentro de los que se incluyen un número importante de menores extranjeros no acompañados. Sin embargo, esta reciente buena noticia contrasta con una situación denunciada por muchos y que viene sucediendo desde hace tiempo en nuestro país.

Muchos de los menores que han llegado a nuestro país están en centros de acogida, bajo tutela de las CCAA con enormes situaciones de irregularidad. Según publica el diario digital 20minutos.es “Hay irregularidades que se suceden de forma sistemática en todo el territorio nacional”.

Organizaciones a favor de los derechos de la infancia coinciden al denunciar que este tipo de centros ocultan información a los menores para evitar su nacionalización a pesar de que la ley permite iniciar el proceso legal a las personas con dos años de residencia en España. Pero otro grave problema lo constituye el hecho de que los jóvenes son obligados a abandonar la institución al cumplir la mayoría de edad en situación irregular. Son detenidos por la Policía y expulsados del país. Por eso los inmigrantes se escapan de los centros antes de cumplir los 18 años, para evitar ser expulsados. Así se puede decir que el Gobierno invierte dinero y recursos humanos en la manutención y formación de estos jóvenes para después abandonarlos a su suerte.

Según las informaciones publicadas en 20minutos.es Marruecos, las cifras oficiales de niños procedentes del reino Alauí acogidos en España son una incógnita. Pero según datos de Europa Press, sólo en Andalucía más de 800 niños continúan bajo la tutela de la Junta tres años después de que el Gobierno español firmase con Marruecos un acuerdo para agilizar las repatriaciones.

El tema es arduo y complejo. Las ONG aplauden que España exija a Marruecos garantías sociales antes de repatriar a los menores. Pero denuncian la inercia y la desprotección a la que se ven sometidos los niños que permanecen en centros de acogida sin ser repatriados por larguísimos periodos.

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Las ONG denuncian que los niños son el último filón de negocio político entre ambos países. Marruecos está “saturado” de niños de la calle. Así que renuncia a su protección por ser "entes molestos" y porque económicamente –envían remesas a sus familias y el dinero entra en el circuito financiero marroquí– son rentables. Al otro lado del Estrecho, se hace la vista gorda.

Y este punto de desencuentro también afecta a las relaciones diplomáticas entre ambos países.

El problema tiene difícil solución cuando más y más menores cruzan el estrecho a sabiendas que en España no se les expulsará inmediatamente a su país en caso de ser interceptados, solo por ser menores.

 





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