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VECINOS DE SEGUNDA. Vic no quiere empadronar a los inmigrantes irregulares, que perderían así el derecho a la sanidad o la escolarización.

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Vic, con un 24% de población extranjera, no quiere empadronar a los inmigrantes irregulares, que perderían así el derecho a la sanidad o la escolarización. El Gobierno ha tachado de «ilegal» la medida.

Terremoto xenófobo en el epicentro de la catalanidad. La señorial Vic, en el interior de la provincia de Barcelona, que ha presumido siempre de hablar el mejor catalán y de hacer el mejor fuet, ha hecho saltar todas las alarmas con una iniciativa que ya ha sido tachada de racista. Su alcalde se niega a inscribir a los inmigrantes ilegales, medida que vulneraría el derecho y la obligación de empadronamiento recogidos en la Ley de Bases de Régimen Local de 1995, y que el Gobierno de Zapatero y el Colegio de Abogados de Barcelona ya han tachado de «ilegal», pero que se ha ganado el aplauso en municipios vecinos como Badalona. El controvertido debate sobre la inmigración irregular vuelve a la palestra.

El alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal (CIU), ha justificado una y otra vez su propuesta, que está respaldada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vic, formado por CIU, PSC y ERC. Dice que quiere «poner orden» y frenar los «fraudes» detectados en los procesos de empadronamiento, como la presentación de pasaportes falsos. El edil se ampara en una reciente modificación de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros, según la cual los extracomunitarios que quieran entrar en España deben acompañar con un visado el pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad. Vila d'Abadal entiende que si ésta es la documentación legalmente exigida por el Estado, también tiene que ser la que ellos exijan a la hora del padrón. Lo cierto es que en la práctica la iniciativa dejaría a muchas personas sin acceso a «derechos básicos» como la sanidad, los servicios sociales o la escolarización, según han denunciado diversas entidades sociales, gastos que en una parte muy importante recaen en las arcas municipales.

Los críticos con el alcalde ven en la iniciativa consistorial un guiño al electorado más reacio a la fuerte presencia de inmigrantes en la ciudad, que se ha disparado en los últimos años. El 24% de sus cerca de 40.000 habitantes son extranjeros, venidos mayoritariamente del Magreb y Latinoamérica para trabajar en la potente industria cárnica de la zona y en la construcción.

El germen de la xenofobia ha ido creciendo hasta el punto de que la Plataforma per Catalunya, liderada por el polémico dirigente ultraderechista Josep Anglada, ex vicepresidente provincial en Barcelona de Fuerza Nueva, se ha conformado como la segunda fuerza política de la ciudad, con cuatro concejales en el Consistorio. Así, el giro anti-inmigrante del alcalde se interpreta como un esfuerzo por recuperar los votos que se llevó la plataforma ultraderechista en los pasados comicios locales, de cara a las elecciones autonómicas de este otoño. Paradójicamente, con el anterior regidor del municipio, el pastelero Jacint Codina, también de CiU, se instauró en el pueblo un elogiable modelo educativo, el denominado 'modelo Vic', en el que inmigrantes y autóctonos se integraban en las aulas en idéntica proporción, tanto en escuelas públicas como concertadas.

En cualquier caso, la controvertida decisión anunciada ahora por el Ayuntamiento de Vic ha trascendido la esfera local y ha vuelto a poner sobre el tapete el viejo debate de la inmigración irregular. Desde el Gobierno central, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega recordó ayer al edil que su propuesta «no está en el marco de la ley» y anunció que la inmigración será una prioridad durante la Presidencia española de la Unión Europea. En la misma línea, el ministro de Trabajo e Inmigración, el catalán Celestino Corbacho, precisó que «todas las personas que viven en una localidad deben tener derecho a empadronarse para acceder a los servicios sociales disponibles» e insistió en que la iniciativa municipal es «ilegal».

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, instó al PSOE a adoptar una «posición unitaria» en torno a la inmigración. A su juicio, el Gobierno de Zapatero tiene una postura sobre este tema diferente a la que ostentan los ayuntamientos socialistas, en alusión al caso de Vic, donde el PSC cogobierna. Sáenz de Santamaría puso el dedo en la llaga al agregar que el PP está dispuesto «a abrir un debate serio sobre la financiación de los servicios sociales de los ayuntamientos en cuyos municipios viven inmigrantes irregulares». La Generalitat, por su parte, evitó desautorizar al Ayuntamiento de Vic. «Ahora el problema no es si se empadronan o no inmigrantes, ahora no llegan, incluso algunos se van», declaró el president José Montilla quitándole hierro al asunto.

La mayoría de los ediles de las poblaciones cercanas se han posicionado en contra de la propuesta de sus vecinos. Miquel Franch (PSC), alcalde del municipio de Torelló, acusó al gobierno de Vic de «precipitarse» y de «actuar de espaldas» a las normativas vigentes». Desde Centelles, Miquel Arisa (PSC) consideró la medida «más bien desacertada» y reconoció que no entendía los motivos del ayuntamiento de Vic para proponerla. En cambio, en Badalona, Xavier García Albiol, presidente de los populares, celebró la iniciativa. «Es hora de que algún ayuntamiento de Cataluña empiece a actuar con seriedad y responsabilidad en materia de inmigración ilegal», aseveró, al tiempo que criticó que los inmigrantes en situación irregular accedan a los servicios sociales. «Es una tremenda injusticia que extranjeros ilegales y los españoles estén en la misma lista de espera para operarse», manifestó García Albiol.

A pesar de que la inmigración ilegal se ha reducido a la mitad durante el año 2009, en parte a causa de la actual situación de crisis económica, éste sigue siendo uno de los temas que preocupan a los españoles, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), aunque muy por detrás del paro y la economía. Este mismo estudio también precisa que el 46% de españoles cree que el número de inmigrantes es «excesivo» y que éstos reciben «mucha» ayuda del Estado.

Los ciudadanos no tienen en cuenta la aportación de los inmigrantes -el 11% de la población española- al crecimiento económico que vivió el país en la última década. Según datos del Gobierno, su contribución al Producto Interior Bruto fue del 30%.

Numerosas entidades entidades sociales y sindicales como Cruz Roja, Cáritas, CC OO y UGT entienden que el caso de Vic ha puesto de manifiesto que el fantasma de la xenofobia también planea en España, después de los episodios racistas surgidos en otros países europeos. Los suizos votaron recientemente en contra de la construcción de minaretes y en Italia Silvio Berlusconi aprobó hace pocos meses un controvertido paquete de medidas que introducía el delito de la inmigración ilegal y legalizaba las rondas nocturnas de ciudadanos contra los inmigrantes.

Fuente: lavozdigital.es
 





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