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La asistencia sanitaria es un derecho humano que hay que proteger

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El 24 de abril se aprobó un real Decreto Ley “de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”.

Esta norma trata de poner coto a los abusos del turismo sanitario, realizado por personas con alto poder adquisitivo y que provienen de otros países de la Unión Europea, medida razonable que habrá que poner en marcha. Pero el decreto niega además la atención primaria y especializada a personas, provenientes de otros países, y que se encuentran en situación de clara vulnerabilidad. Se les exigirá la residencia fiscal, es decir, tener un trabajo y cotizar a la seguridad social para poder acceder a la atención sanitaria…

Sin embargo, el derecho a la protección a la salud es un DERECHO HUMANO IRREVOCABLE que toda sociedad ha de aspirar a garantizar para todos sus miembros. Este Derecho Humano a la asistencia sanitaria está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art.3) y (art.25): “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”

La población inmigrada indocumentada, o sin autorización para residir en España, (el 1 de enero de 2012 ascendía tan sólo a 88.184 los ciudadanos no comunitarios en esta situación) no podrá, a partir de ahora, acudir a un especialista, a su médico de cabecera, tratarse en caso de enfermedad crónica, o adquirir ciertos medicamentos. Únicamente recibirá asistencia sanitaria de urgencia por enfermedad grave o accidente hasta el alta médica, (en caso contrario se incurriría en el delito de omisión del deber de socorro recogido en el artículo 196 de nuestro Código Penal). No se aplicará esta norma a los menores y las mujeres en el embarazo, parto y postparto (algo protegido por los Convenios Internacionales).

¿Qué nos toca hacer? ¿Cómo situarnos? Es fácil ponernos del lado de los que opinan “si estamos en crisis y no hay para “nosotros”, porqué tenemos que sostenerles a “ellos”; si no pagan, que no reciban; en España queremos ir de buenos y pecamos de tontos, …”.

En Red Íncola entendemos que no hay un “nosotros” enfrentado a un “ellos”, sino que todos somos por igual ciudadanos. Y queremos que los más desprotegidos sigan siendo los primeros. Por eso apostamos y luchamos por una sociedad solidaria con el que más lo necesita, que garantice los derechos fundamentales inalienables a todos sin discriminación, una sociedad que proteja al hermano necesitado, venga de donde venga, una sociedad que se responsabilice de los más débiles y vulnerables. En todo esto seguiremos poniendo nuestro empeño.

Fuente: Artículo Jose Luis Segovia "¿Guardián de mi hermano? La responsabilidad de proteger. A propósito del RD-Ley 16/2012 y el derecho a la salud de los inmigrantes"





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