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Un informe que dará que hablar: 'Situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) en España'.

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El día 18 de diciembre se celebra el día de las migraciones, una fecha simbólica en la que en 1990 las Naciones Unidas aprobaron la Convención sobre Derechos de las personas migrantes y sus familias. Esta fecha choca con la noticia que el pasado día 9 de diciembre nos despertaba. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) sacaba a la luz pública, el resultado del informe “Situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros en España”.

El Servicio Jesuita a Refugiados inició en el año 2008 por encargo de la Comisión Europea y con financiación del Fondo Europeo para los Refugiados el estudio DEVAS para monitorizar la situación de los centros de internamiento a extranjeros en los 23 países de la Unión y estudiar el impacto de las condiciones en la salud física y mental de las personas retenidas y perfiles de vulnerabilidad. En España dicho informe es encargado a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, participando en Madrid, Pueblos Unidos, centro jesuita de ayuda a las familias inmigrantes.

Este informe es un estudio minucioso en tres (Málaga, Madrid y Valencia) de los ocho centros de internamiento de extranjeros que existen en España. El periódico el Mundo señalaba que “El 40% de las personas retenidas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) ha sufrido un trato negativo e incluso torturas, la mayoría desconoce quién es su abogado y carecen de lo básico como inodoros en las celdas y ropa”. Los datos demuestran que las consecuencias más duras de la crisis económica que vive España la está sufriendo la población inmigrante, que en anteriores años propició un fuerte desarrollo económico.

Para el informe se realizaron decenas de entrevistas tanto a internos, como a funcionarios. Su metodología muestra la profesionalidad del informe donde, como conclusiones, sólo se presentan los datos que son “evidentes”, coinciden dos fuentes de información independientes, o “evidencias probadas”.

La investigación, que contaba con el visto bueno y permisos del Ministerio de Interior, fue expuesta al mismo y fruto de ello ha sido la apertura de diligencias por un presunto caso de maltrato en el centro de Aluche (Madrid). Por su parte, El Ministerio de Interior “niega que los extranjeros sufran malos tratos en los centros de internamiento”, y pide que se pongan los denuncias sobre la mesa.

El informe señala que entre los internos de los CIEs más del 60% no han cometido ningún delito sino sólo una falta administrativa (no tener papeles en regla). Según el secretario general de CEAR, Alfredo Abad, los centros de internamiento "repugnan" al Estado de Derecho y su situación exige tomar medidas. Estos centros "están pensados como comisarías para una estancia corta", pero en realidad la detención se eleva a veinte días de media y puede llegar -actual límite legal- a los sesenta días.

Una de las deficiencias más graves detectadas en los centros, que CEAR pudo visitar gracias a una autorización de Interior, es que sólo el 42% de los internados conoce el nombre de su abogado y tiene forma de contactar con él. Otros problemas son la enorme dificultad para recibir y hacer llamadas al exterior, así como un régimen de visitas casi inexistente. (Aspecto, todos ellos, que la normativa obliga y no se cumplen sistemáticamente)

Otras carencias, que pese a parecer menores "tiene mucho que ver con la dignidad", son la imposibilidad para lavar su ropa, las grandes dificultades al no tener inodoros en las celdas para ir al baño por las noches o una mala alimentación.
El equipo de CEAR comprobó también deficiencias en la atención médica, errores y negligencias en el diagnóstico y tratamiento de pacientes psiquiátricos y negativas en la emisión de informes médicos. Otras deficiencias se refieren a que los centros no entregan el certificado con el número de días de estancia en el CIE para que el interno pueda acreditarlo, ni informan de la existencia de los formularios de quejas.

Se hace necesario una fuerte revisión de los CIEs no sólo por parte del Ministerio del Interior sino por parte de la sociedad pública. Una profunda reflexión por parte de la ciudadanía sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros en la que nos replanteemos su razón de ser, la legitimidad de “recluir” a una persona por una infracción administrativa o las condiciones que viven los internados durante su estancia.
 





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