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Mendigos, ¿víctimas o culpables?

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En el último mes, Valladolid ha estado inmersa en la polémica tras la aprobación el martes 6 de marzo de la modificación de la ordenanza de Protección de la Convivencia Ciudadana que prohíbe la mendicidad dentro de la ciudad. Desde Red Íncola queremos reflexionar sobre su aplicación y las consecuencias para las personas con las que trabajamos directamente y que viven en la calle.

A menudo les vemos en la ronda de Valladolid, a la puerta de iglesias, de supermercados, de rodillas en una calle peatonal, etc. Pero ¿quiénes son las personas que realizan la mendicidad? En primer lugar sería bueno romper el mito de que mendigo es sinónimo de persona sin hogar. Desde Red íncola comprobamos que sólo un 10% de las personas que duermen en la calle ejercen mendicidad. Esto significa que detrás de cada “mendigo” existe una motivación diferente. Para unos será el poder comprar un bocadillo en el bar de la esquina o la posibilidad de pagar un alojamiento, entre otras cosas. En otros casos están obligados a pagar deudas contraídas por haber venido desde lejos a nuestra ciudad, o por encontrarse bajo un problema de adicción; pero está claro que ninguno se hará rico con esta actividad.

A nadie le gusta realmente pedir en la calle. Es una actividad denigrante contra la persona, por mucho que para algunos sea una forma de vida. Estar diez horas con temperaturas extremas tanto en verano como en invierno, soportar la marginalidad que les impone la sociedad y esperando su caridad. Como nos dicen en el programa de personas sin hogar Café Solidario “Vemos a muchas personas y no vemos a nadie, tenemos la mirada perdida”.

Entonces, qué sentido tiene la nueva normativa. A lo largo de la historia, la acción social y la represión han estado unidas. La prohibición de la mendicidad tiene en principio como objetivo hacer desaparecer la misma, pero no se puede eliminar sino se satisfacen desde los servicios sociales las necesidades básicas que la provocan. Las sanciones no son por sí solas una solución al problema social. Se necesitaría un estudio sobre la situación de las personas de este colectivo, y si realmente existen los servicios y programas suficientes en nuestra ciudad.

Se podría pensar que otro objetivo de la normativa es la recaudación municipal. El propio Consistorio de Valladolid ha manifestado la dificultad del cobro de las multas, por tanto no tiene sentido pensar en esta normativa como un ingreso. Sin embargo, es importante no quedarse sólo en este aspecto, una sanción impagada significa una apertura de expediente, y por tanto un impedimento en la solicitud de ayudas y el acceso a recursos sociales. En este sentido, la nueva normativa provocará nuevas barreras a la integración social de estas personas.

Asimismo, en las últimas legislaturas, se ha buscado a través de diferentes políticas embellecer la ciudad. La llegada del Ave a Valladolid, la iluminación de la ciudad, la restauración de algunos espacios públicos, etc. han repercutido en los colectivos más excluidos. Estas medidas han desplazado diferentes recursos fuera del centro, existe más presión policial hacia las personas que duermen en la calle, especialmente a los inmigrantes, creando por tanto más prejuicios de la presencia en la calle de estas personas.

Por todo esto, no vemos conveniente que en estos tiempos de crisis se cargue contra las personas más indefensas. A largo plazo la normativa tendrá consecuencias negativas, no sólo para estas personas, sino también para toda la sociedad vallisoletana. Son necesarias unas políticas sociales integradoras e inteligentes, con un incremento de los presupuestos en esta área, pues dada la precariedad económica y laboral que padecemos es fácil que el número de personas abocadas a la mendicidad se incremente. Como esta actividad estará prohibida en nuestra ciudad, es posible que aumente la delincuencia, u otro tipo de actividades conflictivas.

Por último, queremos ofrecer una mirada hacia las personas ¿Son víctimas o culpables? Detrás de cada mano extendida pidiendo limosna, existe una historia de sufrimiento, una acumulación de acontecimientos traumáticos que les catapulta directamente a la calle. La sanción a la persona no va a acabar con la estructura de explotación (en el caso de que pertenezcan a una mafia) o con la problemática social que haya detrás. Es sin duda necesaria una red sólida de apoyo a nivel institucional y ciudadano, ya que si realmente queremos acabar con la mendicidad, tendrá que haber una implicación real de toda la sociedad.
 





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