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Los inmigrantes asentados en España aportan más al Estado del bienestar de lo que reciben

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La obra social de La Caixa ha publicado en su Estudio Social N.31 un estudio del sobre la situación de la población inmigrante en nuestro país. Los autores analizan las implicaciones de la inmigración sobre la sostenibilidad económica y social del Estado de bienestar en España y subrayan el papel que estas poblaciones han tenido como elemento revelador de las fortalezas y debilidades del sistema de protección social.

La transformación de España en país receptor de inmigración se produjo en tiempos de vigoroso crecimiento de la economía y el empleo, bonanza a la que el hecho migratorio contribuyó decididamente. El agotamiento de aquella larga fase de crecimiento ha dado mayor visibilidad a la inmigración, y de manera particular, ha acentuado el debate sobre su impacto en los sistemas de protección social.

Actualmente nuestro país se ha convertido en el segundo Estado miembro de la Unión Europea por número de residentes extranjeros, con el 12,17% de la población. Dentro de este colectivo, menos del 1% son perceptores de pensiones (de ellos, más de la mitad son europeos). A su vez, se calcula que la alta tasa de actividad de los inmigrantes contribuirá a retrasar en cinco años la entrada en déficit del sistema de pensiones, además de frenar el envejecimiento poblacional.

Los inmigrantes consultan menos al médico de cabecera y a los especialistas (un 16,5% menos que los nacionales) aunque recurren un 3,2% más a los servicios de urgencias.

Si atendemos al concepto de empobrecimiento, el 30% de los inmigrantes en España se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, frente al 18% de autóctonos. No obstante, sólo un 6,8% de las intervenciones de los servicios sociales se dirigen a la población inmigrante.

El 50% del superávit de las finanzas públicas en los años de mayor crecimiento correspondió a impuestos y contribuciones sociales aportados por la inmigración. Sin embargo, la crisis ha castigado duramente a estos colectivos, que en la actualidad sufren tasas de desempleo superiores al 30%. Más de la mitad de los españoles percibe al inmigrante como un competidor en el acceso a prestaciones y servicios sociales. Los autores advierten que estas actitudes pueden aumentar en las próximas dos décadas, con el envejecimiento del colectivo y el incremento de las peticiones de ayudas y servicios.

El informe señala que la concentración de la inmigración en determinadas Comunidades Autónomas, municipios y barrios introduce desajustes en la distribución de recursos fiscales entre distintos niveles de la administración del Estado. Esto provoca también incrementos localizados de la demanda de prestaciones. 

El Estudio completo se puede encontrar en el apartado de Descargas de Red Íncola o en la Página de estudios sociales de Obra Social La Caixa.

 





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